Honduras se mantuvo en pie firme para respetar la Constitución y las leyes. La OEA lamentó la falta de respaldo del gobierno de Micheletti y de prácticamente todos los sectores de la sociedad
Tegucigalpa, Honduras
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La Organización de Estados Americanos (OEA) no logró imponer el acuerdo de San José debido a las contradicciones que imponía a la ley nacional.
Honduras fue clara al sostener que todo acuerdo debe ser firmado bajo la sombra del imperio de la ley y la Constitución.
La OEA no escuchó y todo indica que aún tiene dudas respecto a lo que sucedió en Honduras y se ha enmarcado en apostar por el Acuerdo de San José sin importar que choque con la normativa nacional.
Ese pacto que propuso Óscar Arias, presidente de Costa Rica, plantea 12 puntos, entre los que destacan un perdón para Zelaya y sus ex funcionarios y su restitución en el poder.
Los cancilleres estuvieron en el país unas 36 horas, pero no bastaron para que entendieran que el ex presidente Manuel Zelaya Rosales cometió delitos y que no pueden ser perdonados, que por el contrario debe responder ante la justicia y por tanto no puede ser restituido en el poder.
Zelaya fue derrocado el pasado 28 de junio por intentar reformar la Constitución. Lo sucedió Roberto Micheletti.
Por eso se le acusó de la comisión de los delitos de contra la forma de gobierno, usurpación de funciones, traición a la patria y abuso de autoridad, entre otros. Por eso, una restitución era un "contrasentido" ante la ley.
Los siete cancilleres, que llegaron el lunes, sostuvieron reuniones con empresarios, sociedad civil, aspirantes presidenciales, Fuerzas Armadas, iglesias, ex funcionarios de Zelaya y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Al final de su visita resumieron, en una sola declaración que no permitió preguntas, todas las ponencias que escucharon de todos esos sectores. Los cancilleres por su lado insistieron en que la firma del Acuerdo de San José es la medida de solución.
Algunas reservas
Esa declaración destaca que hubo reservas, tanto de los que apoyan el nuevo gobierno como de los simpatizantes de Zelaya.
"La mayoría de los actores expresó su conformidad con los fundamentos del Acuerdo de San José, aunque muchos de ellos manifestaron preocupaciones en torno al mismo", reza el comunicado.
Entre ellos "los poderes y órganos del Estado manifestaron reservas sobre dos puntos: el relativo a la amnistía prevista en el artículo 205 de la Constitución de Honduras y el que se refiere al retorno de los poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio de 2009, lo que implica el retorno de José Manuel Zelaya Rosales a la presidencia de la República hasta el día 27 de enero de 2010".
Entre tanto, continúa la declaración de "los representantes del gobierno del presidente Zelaya y las organizaciones de la sociedad civil que lo apoyan expresaron su grave preocupación por la integridad física y la violación de los derechos humanos de sus seguidores".
Las conclusiones
El vocero del grupo y encargado de dar lectura a la declaración fue el canciller de Costa Rica, Bruno Stagno.
A Stagno lo acompañaron el canciller de Canadá, Peter Kent; de Argentina, Jorge Taiana; de Jamaica, Kenneth Baugh; de México, Patricia Espinosa; y de Panamá, Juan Carlos Varela.
También viajó el embajador de República Dominicana ante la OEA, Virgilio Alcantara.
En la parte final de la declaración se plantean varios puntos a manera de conclusiones.
Uno de ellos señala que: "Si bien... se lograron avances... aún no existe la disposición para la aceptación plena del Acuerdo de San José por parte del señor Micheletti y sectores que le son afines". Aunque la comisión no detalla los sectores que no aceptan el pacto se pueden mencionar: empresarios, Poder Judicial, Legislativo, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, sociedad civil, aspirantes presidenciales, iglesias Católica y Evangélica, entre otros. Otra conclusión dice que es "imprescindible el pronto retorno a la normalidad democrática que garantice a todos los hondureños seguridad, prosperidad y desarrollo".
Elvin Santos, candidato liberal, cuestionó, luego de su encuentro con los cancilleres, que el tema de la seguridad debe ir más allá. Santos plantea que la seguridad que debe buscar el pacto es el cumplimiento del mismo. Muchos han dejado entrever que Zelaya podría retornar al poder con las mismas ideas que lo sacaron de él. "Se necesita plantear un mecanismo de coerción, que pueda garantizar un futuro promisorio para Honduras", analizó.
"La comisión reitera la necesidad de aprobar el Acuerdo de San José, dado el inminente inicio de la campaña electoral prevista para el 1 de septiembre", dice el tercer punto de la declaración.
Aunque el mensaje no es tan claro, los cancilleres prácticamente están amenazando con no reconocer el proceso electoral de noviembre. Elvin Santos así lo declaró. "Ellos no quieren reconocer el proceso, pero yo creo que esa es la niña de los ojos de este conflicto para encontrar una solución pacífica", subrayó.
El cuarto punto es un llamado "a todos los actores para que, en aras de establecer un ánimo de consenso, se abstengan de hacer declaraciones o expresar opiniones que sean contrarias al espíritu del Acuerdo de San José".
Con esto ellos expresan su intención de mantener viva la negociación del acuerdo, en especial porque Honduras apuesta a las elecciones generales como la más próxima solución. Por último lamentaron que "no se haya logrado obtener el respaldo al Acuerdo de San José y hace un llamado a todos los sectores de la sociedad hondureña a considerar favorablemente la suscripción del Acuerdo de San José que".
Solo los seguidores y simpatizantes de Zelaya dijeron estar dispuestos a firmar el pacto. Antes lo habían declarado "fracasado".
La declaración argumenta que el acuerdo "contiene los elementos necesarios para el diálogo y la reconciliación, para la restauración del orden constitucional y el estado de derecho, y para la pronta reintegración de Honduras a la comunidad hemisférica".
Aline Flores, presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, dijo que los cancilleres advirtieron que Honduras podría quedar aislada incluso en términos comerciales.
De hecho Honduras ya fue suspendida de la OEA, por gestiones de José Miguel Insulza, secretario general de ese organismo y que acompañó a los cancilleres en condición de observador.
Peter Kent, canciller de Canadá, dijo unas pocas palabras a los medios, aunque no se le estaba permitido. "El llamado es para los líderes del país, para que pongan fin a esta polarización, estamos optimistas de que se logre un acuerdo", declaró.
Uno de los datos a destacar es que la declaración nunca, en ningún párrafo, se dirige al gobierno de Micheletti como de "facto".
Informe: José Miguel Insulza, secretario de la OEA, presentará un informe hoy, a las diez de la mañana, ante el consejo de ese organismo.
Las cifras
58 días se cumplen hoy desde que Manuel Zelaya fue destituido del poder por sus múltiples violaciones a la ley.
3 visitas oficiales de la OEA han venido al país. La primera la hizo Insulza, la segunda la CIDH y la tercera los cancilleres.
La Corte y el MP expusieron legalidad
Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público expusieron a la comisión de cancilleres el camino legal que conllevó la sucesión presidencial.
La amnistía es una facultad exclusiva del Congreso y es ese poder del Estado el que debe decidir si la concede o no a Zelaya, dijo el presidente de la Corte, Jorge Rivera. Por su parte, el magistrado Jacobo Cálix expresó que a la comitiva internacional se le expuso el camino legal que conllevó a la captura de Zelaya. "Se debió a un requerimiento que fue presentado oportunamente por el Ministerio Público, eso es conforme a la ley", dijo. El allanamiento y la liberación de la orden de captura emitida por un magistrado nombrado como juez natural "está conforme a lo que la legislación procesal penal establece, nadie puede poner en duda eso, nadie puede poner en duda la honestidad y credibilidad del magistrado (Tomás) Arita Valle; las actuaciones de la Corte han sido en estricto derecho", añadió. El proceso judicial debe seguir, si Zelaya retorna al país deberá someterse a los tribunales por los cargos que se le imputan, advirtió.
Por su lado, el fiscal general Luis Rubí reafirmó que la acusación interpuesta contra Zelaya es porque existen reiteradas violaciones a la Constitución y las leyes, asimismo ratificó la posición del Ministerio Público de que se no se le otorgue amnistía. La amnistía significa el olvido de actos delictivos que merecen castigo que no deben quedar impunes. "Somos los encargados de ejercer la acción penal, aceptar la amnistía es como hacer desaparecer al Ministerio Público", concluyó.
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